PROYECTO DE RENTAS VITALICIAS:
MAYORES RIESGOS EN EL HORIZONTE

  

El sistema chileno de pensiones podría experimentar una profunda transformación si se aprueba en el Congreso el proyecto sobre rentas vitalicias actualmente en discusión. La iniciativa tiene como objetivos principales incrementar los montos de las pensiones y reducir los diversos pasivos contingentes para el Estado. Para estos efectos, el proyecto contempla tanto un incremento en los requisitos para pensionarse, como un mecanismo destinado a reducir los costos de intermediación. Estos últimos corresponden principalmente a comisiones pagadas a los corredores que, según sostienen diversos participantes del mercado, son muchas veces una forma de “adelantar” futuras rentas.

El proyecto considera dos tipos de medidas tendientes a lograr esos objetivos:

  • Un aumento de los requisitos para pensionarse anticipadamente, por la vía de: un incremento gradual de un 50% a un 70% de la exigencia de renta promedio de los últimos diez años; una definición más exigente del concepto de renta promedio; un incremento gradual de la pensión a obtener desde un 110% a un 150% de la pensión mínima garantizada por el Estado.
  • Un sistema de selección semi-automática de la compañía con que el pensionable contratará la renta.

Como se argumentará, el proyecto en discusión es positivo en cuanto incrementa la información estadística que se entrega al afiliado, pero requiere de ajustes para evitar que se generen problemas mayores que los que se quieren solucionar. En concreto, la aprobación del proyecto en su versión actual, puede llevar no sólo a sesgar las decisiones de los pensionados a favor de opciones más riesgosas, sino a ampliar el pasivo contingente del Estado. Esto es, puede llevar a un incremento en el riesgo de la industria, de los pensionados y, por cierto, del Estado.

En términos simplificados, el proyecto propone un sistema de selección de la compañía de seguros con que el pensionable contratará su renta vitalicia, que contempla una consulta previa obligatoria en que pueden participar todas las compañías que lo deseen. En esta etapa, el pensionable podrá elegir libremente una entre cualquiera de las tres mejores ofertas, definidas como tales exclusivamente a las que representen una mayor pensión. Esto, independiente del riesgo de cada compañía y de otros factores que el pensionado podría considerar relevantes como servicio, cobertura geográfica y respaldo. El pensionable podrá elegir otra oferta, siempre que se cumpla copulativamente que: i) no sea inferior en más de un 1% al promedio de las tres mayores y, ii) la compañía elegida tenga una clasificación de riesgo al menos inmediatamente inferior a la que esté mejor clasificada entre las que hicieron las tres mejores ofertas.

Si el pensionable no desea tomar una decisión en ese momento, tiene las siguientes tres alternativas: el remate vinculante, la oferta posterior o el retiro programado.

a)    Remate vinculante: participan al menos tres compañías elegidas por el pensionable, entre aquellas que se presentaron a la oferta previa. El pensionable debe seleccionar el tipo de pensión y cobertura que desea cotizar. En esta etapa pueden participar sólo aquellas compañías cuya clasificación de riesgo sea, al menos, igual a la categoría de riesgo inmediatamente inferior a la de la compañía que se encuentre mejor clasificada entre las que realizaron las tres mayores ofertas. El remate se define exclusivamente por monto de pensión.

b)    Oferta posterior: el pensionable puede elegir una oferta de cualquier compañía que hubiese participado en la consulta previa (sin importar su clasificación), siempre que el monto de la nueva oferta sea superior al máximo entre: el promedio simple de las tres mejores ofertas del sistema de consultas y la oferta previa efectuada por dicha compañía en el sistema de consultas.

c)    Retiro programado: el pensionable posterga la decisión de pensión vitalicia y se mantiene vinculado a la AFP en que cotizó o elige otra.

Como aspecto positivo destacable del proyecto debe mencionarse un importante incremento potencial en la cantidad, calidad y transparencia de la información que recibe el pensionable a través del sistema de consulta previa. En efecto, el pensionable podrá ahora contar con un amplio menú de ofertas sobre las cuales elegir, idealmente sobre la base de la combinación riesgo-retorno que prefiera.

Sin embargo, el proyecto contiene disposiciones que pueden generar efectos indeseados que más que compensarían ese beneficio. Por ello, es conveniente introducirle algunos ajustes.

Una primera observación es que el proyecto habla de “clasificación de riesgo de las compañías” como si existiera “una” clasificación de riesgo. El problema es que las compañías de seguros cuentan con, a lo menos, dos clasificaciones de riesgo independientes. Así, cuando existen discrepancias entre las dos clasificadoras, no puede hablarse de “la clasificación”. ¿Cuál clasificación elegir para que opere el mecanismo? ¿La más baja de las dos? ¿La emitida por la firma de mayor prestigio o credibilidad? ¿Quién elige? ¿Con qué criterio?

El problema es aún más complejo si se considera que las clasificaciones de riesgo son opiniones sobre la solvencia de las compañías. Si bien similares, las metodologías y criterios de cada clasificadora no son idénticos. Hay diferencias en los elementos a considerar, en cómo se pondera cada elemento y, por cierto, en la rigurosidad del análisis y en el grado de “generosidad” de las distintas clasificadoras. Ante esto, es claro que hacer que todas las clasificaciones sean equivalentes no es correcto.

Ahora bien, si por algún mecanismo se resuelve el problema anterior, el sistema propuesto introduce una distorsión poco deseable, que puede llevar a problemas serios a las personas y al Estado. En efecto, la exigencia de tener que elegir sólo entre las tres mayores ofertas, u otra que no sea inferior en más de un 1% del promedio de las tres mejores, desconoce el hecho de que distintas compañías tienen distinto riesgo y que mayores riesgos van asociados a mayores exigencias de retorno. No parece apropiado vedar que un pensionable elija una compañía con muy bajo riesgo, digamos AAA, aunque ofrezca una pensión 3% o 4% inferior a una de riesgo medio, digamos BBB. El impedirle elegir las opciones de menor riesgo, aunque ofrezcan una pensión un poco más baja, además de injusto es económicamente poco eficiente. Injusto, porque el pensionado bien puede querer tener una pensión un poco más baja, pero más segura; poco eficiente, porque se introduce un sesgo artificial a favor de las compañías más riesgosas.

¿Quién gana con el sistema? Aparentemente el Estado, porque el sistema tendería a incrementar los montos de las pensiones, reduciendo su pasivo contingente asociado a la garantía de ofrecer pensiones mínimas. Pero, esta es una perspectiva que puede ser poco acertada en el largo plazo. Al propiciar un sistema asegurador más riesgoso, el Estado tiende más bien a incrementar su pasivo contingente. Así, el argumento de que las supuestas mayores pensiones significarán un menor pasivo contingente, puede no ser correcto. En efecto, hay que recordar que el Estado asegura no sólo pensiones mínimas, sino también hasta el 75% del exceso sobre la pensión mínima, con un límite de UF 45. Así, ante la quiebra de una compañía aseguradora, no sólo perderá el pensionado, sino también el Estado.

En este sentido, la crisis financiera de principios de los ochenta es una lección que no debe olvidarse. Por una deficiente regulación y una política de apoyo estatal a los bancos, se llegó a que la única variable relevante de decisión de los depositantes era la tasa de interés que le ofrecieran. A mayor tasa, mejor inversión, independiente del riesgo del banco. Los costos de la crisis a que ello condujo aún están lejos de pagarse.

Con todo, tal como se señaló, el proyecto contiene elementos positivos, como es el sistema de consulta previa. Este, no obstante, también debiera perfeccionarse, de modo que el pensionable tenga mayor información y de mejor calidad. Por ejemplo, que se le entregue la información de todas las clasificaciones de riesgo de cada compañía postulante, con una explicación de su significado; como también que se le señale dónde tiene oficinas la compañía y qué otro tipo de beneficios ofrece. Asimismo, el sistema debiera contemplar algún mecanismo de asesoría independiente en la interpretación de esa información y en la evaluación de las múltiples opciones abiertas al pensionable.

La esencia del éxito del sistema previsional chileno está basada, en parte importante, en la libertad de elegir de las personas. Esto incluye tanto a la AFP que administra sus fondos en la etapa económicamente activa de la persona, como a la entidad que administrará sus ahorros a partir del momento en que se pensiona. En este sentido, no se ve conveniente obligarlo a elegir opciones que considera más riesgosas o menos satisfactorias.

El proyecto podría significar un avance importante en el proceso de perfeccionamiento del sistema de pensiones chileno si se perfecciona la información entregada al pensionable. Pero, sería un serio retroceso si se limitan las posibilidades del individuo para decidir con qué empresa contratar la pensión que desea.

Tomás Deimel (tomas.deimel@feller-rate.cl)

Eduardo Ferreti (eduardo.ferreti@feller-rate.cl)